¿Quieren otra muestra más de cómo vamos perdiendo libertades bajo el relato de que todo es «por tu bien»?

Corría el año 2006 cuando desde el poder se aprobaba una conducta completamente licita: la prohibición de fumar dentro de espacios cerrados de uso público, oficinas estatales y lugares de trabajo. Muchos pensamos que ahí estaba el límite razonable.

Pero nos equivocamos…¡vaya si nos equivocamos!

No nos dimos cuenta que, como sucede en todo ámbito, el poder es insaciable, y siempre quiere más, siempre te pide más, siempre te prohíbe más.

Y este tema del cigarrillo no fue la excepción.

Y entonces la prohibición ya no se limitó a los espacios cerrados de uso público —bares, restaurantes, shoppings, oficinas, comercios o salas de espera— ni a los lugares cerrados de trabajo, tanto públicos como privados, sino que avanzo progresivamente hacia dependencias de centros de salud, hospitales, mutualistas y policlínicas, incluso en áreas abiertas vinculadas a esos establecimientos. Luego se extendió a instituciones educativas públicas y privadas, clubes sociales y deportivos, escenarios deportivos y accesos a centros educativos y sanitarios (¡¡aun en espacios abiertos!!). Más tarde se extendieron a taxímetros, transporte cerrado, determinadas áreas recreativas y espacios frecuentados por menores. Paralelamente se prohibió la publicidad, el patrocinio y hasta la exhibición vinculada al tabaco, mientras también se avanzó sobre cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo.

El poder regulándolo todo, como si los ciudadanos fuéramos incapaces de convivir, decidir y resolver nuestras diferencias por nosotros mismos. Como si toda conducta humana necesitara vigilancia, castigo y autorización estatal.

Y ahora el poder gubernamental da un paso más: pretende prohibir fumar, vapear o incluso consumir alcohol en plazas y espacios públicos abiertos. La prohibición invade y avanza hacia la ciudad.

¿Se dan cuenta del proceso lento y paulatino de intervención sobre nuestras libertades?

Lo más llamativo es que terminamos aceptándolo como algo normal. Y no es normal.

Porque cada nueva prohibición llega presentada como algo razonable, sanitario o necesario. Y así, poco a poco, nos acostumbramos a que el Estado decida cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana, incluso cuando se trata de conductas completamente lícitas.

Pero lo más importante, y que nadie se cuestiona, es que muchas de estas situaciones pueden – y deben – resolverse perfectamente sin coacción estatal, sin multas y sin persecución ni castigo a ciudadanos de bien. La convivencia humana existe desde mucho antes que las prohibiciones burocráticas. Los propios establecimientos, clubes, espacios privados o lugares públicos pueden establecer reglas razonables de convivencia, sectores diferenciados, acuerdos sociales y criterios de respeto mutuo sin necesidad de convertir cada conducta en una infracción sancionable.

Pero siempre ocurre igual: las libertades no se eliminan de golpe. Se recortan lentamente, paso a paso, norma tras norma, bajo discursos agradables que apelan al cuidado, la salud o la convivencia.

Pero no te confundas, no se trata de tu salud y de tu bienestar. Se trata es de poder.

Porque detrás de ese discurso buenista existe otra realidad: el avance del poder estatal sobre nuestras conductas legales y la reducción progresiva de nuestra libertad.

Fumar no es delito. Vapear no es delito. Tomar una cerveza en una plaza con amigos o en familia tampoco lo es. Son conductas lícitas. Sin embargo, el camino elegido no es perseguir delitos ni garantizar seguridad en los lugares públicos, sino controlar, castigar y sancionar hábitos legítimos de los ciudadanos comunes.

Entonces aparece la gran pregunta: ¿para qué pagamos impuestos?

El Estado recauda enormes cantidades de dinero precisamente para garantizar orden, seguridad y convivencia en los espacios públicos. Ese debería ser su rol principal. Pero en lugar de resolver el problema de fondo, demuestra una completa inoperancia y opta por la salida más simple y más cómoda: prohibir. El mismo que genera, y no soluciona, el problema, luego te prohíbe.

Es mucho más fácil llenar una plaza de carteles y aplicar multas que enfrentar la inseguridad, el vandalismo, las bocas de droga o la violencia que realmente deterioran los espacios públicos. Y esta completa ineficiencia deriva luego en prohibiciones injustas.

Y además nadie habla del enorme costo de estas medidas. Porque alguien tendrá que controlar y vigilar las 24 horas quien fuma, quien toma alcohol y quien incumple estas nuevas reglas draconianas. Es decir, primero pagamos impuestos para que se nos brinde seguridad y protección (que el Estado no cumple) y después además se nos obliga a financiar otro aparato estatal destinado a perseguir conductas que ni siquiera son delitos. En definitiva, esto termina siendo un doble costo para una sociedad que ya paga demasiado y recibe cada vez menos resultados y pésimos servicios. Y que ahora es castigada por sentarse en una plaza a tomar algo.

Entonces el sentido común indica algo que es evidente: si ahora resulta que existen recursos para vigilar y castigar permanentemente, antes también podían haberse utilizado los recursos, que ya tienen, para prevenir, ordenar y persuadir. Pero no lo hacen.

Y además estas medidas nunca resuelven el problema de fondo. Los malvivientes que hoy ocupan esos espacios públicos, simplemente se trasladarán a otro lugar (puede ser enfrente de la plaza). El problema no desaparece: se mueve.

Y cuando eso suceda: ¿cuál va a ser la solución de nuestros “buenos” representantes? ¿Prohibir todos los espacios públicos de la ciudad donde decidan apostarse? ¿En serio vamos a aceptar que unos pocos atorrantes nos dirijan la vida e impidan a la gente de bien fumar o tomar tranquilos en una plaza?

Francamente resulta increíble que tanta gente aplauda estas medidas sin advertir que mañana el problema estará frente a su propia casa. Absurdo ¿no? Pero no solo me resulta inconcebible el aplauso de quienes piden más cadenas sino también el grado de negligencia, desidia e inoperancia del poder político.

¿La caca de perro es falta de higiene y genera olor? PROHIBIR.

¿El olor a torta frita es insalubre y contamina? PROHIBIR.

¿El humo de las parrillas molesta, contamina y perjudica a los niños? PROHIBIR.

¿El ruido de las motos contamina el ambiente acústico? PROHIBIR.

Y así podríamos seguir infinitamente hasta convertir la vida en una lista interminable de restricciones según la sensibilidad, gustos o intolerancias de cada uno.

Pedimos al poder político que prohíba todo aquello que nos molesta porque, como sociedad, somos incapaces de resolver las diferencias mediante convivencia, tolerancia y acuerdos humanos básicos.

Y no advertimos el costo de ese pedido.

El costo es nuestra libertad.

La solución real y justa nunca puede ser prohibir libertades generales para todos, castigando a justos por pecadores. La solución pasa por presencia efectiva del Estado, prevención, educación, convivencia y aplicación de la ley contra quienes realmente dañan y deterioran el espacio público. Punto: ¡se le paga al Estado para eso!

El riesgo es real y peligroso. Hoy se prohíbe fumar, vapear o tomar alcohol “por nuestra salud” en las plazas. Mañana será el humo de las parrillas que están en la vereda, la caca del perro de la vecina, el olor de las frituras de un carrito, y así cualquier conducta cotidiana considerada molesta. Hoy son las plazas, mañana será la vereda, parques, playas o cualquier espacio público.

Porque así opera el poder disfrazado de paternalismo estatal: siempre dirá que es “por nuestro bien”. Siempre encontrará la excusa perfecta para avanzar un poco más sobre nuestra libertad.

Y así los espacios públicos, que deberían ser lugares de encuentro, convivencia y libertad, terminan convirtiéndose en espacios prohibitivos, llenos de reglas, controles y sanciones. Lugares donde el ciudadano ya no actúa con libertad y responsabilidad, sino como una especie de robot social permanentemente condicionado por normas impuestas desde una oficina pública.

Una sociedad libre no se construye prohibiendo conductas lícitas ni llenando de sanciones la vida diaria. Se construye con educación, convivencia, presencia del Estado donde realmente importa y respeto por las decisiones individuales.

El problema no es el humo ni el alcohol.

El problema es la libertad misma y el límite al poder.

La Trinchera Liberal

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